El 16 de febrero de 1989, el nuevo presidente de la República presenta ante el país un programa de ajustes macroeconómicos, llamado popularmente “paquete económico”, el cual comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social, que significaron para la población venezolano un drástico golpe de timón impuesto por el FMI.
El FMI aprobó un préstamo por aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares en los siguientes tres años y 21 mil millones de dólares en los próximos 7 años, multiplicando la deuda externa por un número indefinido de veces.
El partido Acción Democrática (AD) continuaba en el poder (en la persona de Carlos Andrés Pérez) y para ese momento Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7 mil 376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus reservas internacionales, excluyendo el oro que fue enviado a Londres un par de días antes de El Caracazo, a fin de abonarle recursos a la reserva.
Aunado a ello, el déficit público en 1988 alcanza los 60 mil millones de dólares, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a esto, parte de las medidas económicas en materia de deuda externa e interna incluía la suspensión de éstos pagos, tanto de capital como de intereses, hasta el 30 de septiembre de 1989, es decir, casi el resto del año que trascurría.
La liberalización de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, trajo como consecuencia el desabastecimiento de los principales productos de canasta alimentaria. Además, del incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico.
Entre las exigencias del FMI destacaba un aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina. En este sentido, Pérez dijo que con esta medida finalizaba el reparto populista de la renta petrolera puesto que, adicional al aumento, liberó la tasa de cambio del bolívar, para que “dejará de ser un gran mecanismo de subsidio que había permitido, hasta ese momento, que el pueblo venezolano viviera como no podía, es decir, muy por encima de sus posibilidades”.
El transporte público, también sufrió un incremento inicial de las tarifas del 30%, situación que generó un paro del sector el 27 de febrero.
El presidente Pérez se acordó de los trabajadores al momento de diseñar sus medidas económicas, puesto que los sueldos también experimentaron un ligero incremento. Específicamente, en la administración pública central alcanzaron un aumento entre el 5 y el 30%, y el salario mínimo apenas llegó a 4 mil bolívares en el área urbana y a 2 mil 500 bolívares en el área rural, aumentos que ni siquiera se comparaban con brusca subida de precios.
La decisión la toma el Pérez pese a que la ministra de Trabajo, Marisela Padrón, había adelantado la imposibilidad de un aumento salarial.
Otra acción que dejó de lado a la clase media fue la racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación, así como la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
Todas estas medidas, a excepción de la última, eran de aplicación inmediata. El alza en el precio de la gasolina se hizo efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento de las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses del ‘89 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país.
“Cinco horas para comprar dos potes de leche popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional.
Aunada a esta situación de acaparamiento, el asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Montaño, por parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de estudios.
En la primera manifestación por la muerte de Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV, Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por otro efectivo de la PM.
La Universidad de Carabobo y la Universidad de Los Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado “paquetazo” de CAP.
El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen, había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese gobierno estaba contemplada la privatización de la educación superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el gremio y un paro de 48 horas.
El Caracazo
Todo empezó el día Lunes 27 de febrero en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial.
Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la avenida Bolívar.
A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y supermercados.
La situación se agudizó con la quema de autobuses y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de reprimir.
El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales.
Los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos días.
En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e insoportable de degradación de sus niveles de vida”.
En el editorial del semanario se agregó: “No pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático, para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas enteras”.
Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989 también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”.
CAP refirió que el estallido social se debió a una guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños les hacían teteros con agua de espaguetis.
El editorial de la revista SIC continúa así: “Los de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de aquel gobierno.
La arremetida vino por la acción combinada de la policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho, todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic.
Las Víctimas
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales.
Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.
En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 24 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300.
En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.
Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
Sin duda alguna, El Caracazo constituye el punto de quiebre de la democracia representativa, el despertar colectivo de conciencia de un pueblo que se ubica a sí mismo como el sujeto protagónico de su propia historia, el Caracazo también constituye un parto doloroso de una nueva etapa en nuestra lucha por la emancipación patria, como decíamos al inicio, nunca más volveríamos a ser los mismos desde ese día abrimos las grandes alamedas de la historia y echamos a andar.
Texto: Silvestre Montilla
