Juan Ingallinella, nació en 1911 y era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía su consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Se casó con Rosa Trumper, que era maestra, con quien tuvo una hija.
Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario.
Ingallinella era un conocido militante comunista en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. Cuando a principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas e Ingallinella.
En la ciudad de Rosario, en un claro ejemplo de unidad de acción ante el intento de golpe perpetuado en la capital, comunistas y peronistas se habían manifestado contra el bombardeo. Habían impreso un panfleto: "Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista". Ese mismo día la Sección Orden Social y Político —un correlato de la Sección Especial de la Policía Federal— aprovechó la ocasión para encarcelar a más de 70 militantes políticos, bajo el cargo de "desorden público". El Comité de la zona sur del Partido Comunista denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, jefe de la sección Orden Social y Político, Santos Barrera, subjefe de la misma sección y Francisco Lozón, jefe de la sección Leyes Especiales y Santos Barrera.
Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial y fue así que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario.
Su desaparición
El 16 de junio de 1955 se produjo en la Argentina una rebelión militar con la finalidad de derrocar al presidente Juan Domingo Perón, en cuyo curso sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando al menos 300 muertos y más de 2000 heridos.
El mismo día 16 la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinella, quien había desechado la oportunidad de ocultarse, y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe y Alberto Jaime.
Los detenidos fueron retornando a sus hogares pero no Ingallinella. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la Jefatura.
Las movilizaciones
De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una Comisión Universitaria para presionar por la investigación; el 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia ordena la detención del jefe y del Subjefe de investigaciones y de otros policías así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta y exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio el ministro de gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el Dr. Ingallinella
"habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales".
La investigación judicial
La legislación entonces vigente había establecido el fuero policial, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial, el Consejo de Justicia Policial, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, debió resolver el conflicto la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la cual el 3 de agosto de 1955 se inclinó el juez argumentando que los policías habían perdido su estado policial por haber sido exonerados.
Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallinella se pudo reconstruir con el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Lozón quería ubicar el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual torturaron a varios detenidos, incluyendo a Ingallinella, con la picana eléctrica.
Tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y contó que Ingallinella había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones. La Justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la Policía Caminera de Pérez, para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima.
Tixie también involucró al ex jefe de policía Emilio Gazcón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procedimientos y le ordenó aplicar torturas.
La sentencia
El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era óbice para que con la abundante prueba rendida se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella. En esta forma excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis del homicidio culposo.
El Juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte de Ingallinella pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura y calificó el hecho de homicidio agravado. Lozón, Monzón, Tixie y Barrera fueron condenados a prisión perpetua, Serrano a dos años de prisión y el jefe de policía Gazcón al pago de una multa y la inhabilitación por un año.
La defensa apeló y el 19 de diciembre de 1963 la sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación a la de homicidio simple. Lozón fue condenado a veinte años de prisión como "promotor, autor material y responsable principal" de homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Félix Monzón, Rogelio Luis Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez -ex jefe de Investigaciones- y Emilio Gazcón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público.5 Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436 porque ella excluía de sus beneficios "los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados".
Otras referencias
El 17 de junio de 1955, ante la irregularidad en la detención de Ingallinella, los abogados Guillermo Keohe y Alberto Jaime, se dirigían hacia el viejo Palacio de Tribunales Provinciales a presentar un Habeas Corpus para reclamar por su aparición, pero no llegarán a destino. Un grupo policial, bajo las órdenes del jefe de la Sección Orden Social y Político, el comisario Francisco Lozón(h), los obliga a bajar de un tranvía para detenerlos. Recuperaron la libertad días después. De los testimonios de Keohe y Héctor Palma, otro de los tantos comunistas detenidos el día anterior, tendremos las últimas noticias que se conocen de Ingallinella, como también respecto de los tormentos sufridos por el abogado y sus compañeros en la Jefatura Policial de Rosario.
Según se desprende del testimonio que dejó Guillermo Kehoe, las torturas eran corrientes en la Jefatura de la Policía Rosarina. Se contaba para tal fin con una mesa especial, provista de correas y sogas para sujetar a la víctima, mientras se le aplicaba la picana eléctrica. El testimonio del apoderado legal del Partido Comunista de Santa Fe, y titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), es realmente escalofriante respecto del accionar policial en aquella jornada del 17 de junio de 1955:
“Me tomaron el pene por el glande. Me abrieron la uretra, allí aplicaron y dejaron conectada la picana. La sensibilidad en esa zona es realmente exquisita a la corriente. Sentía como si clavaran mil agujas en mi sexo”
Según el propio testimonio del Dr. Keohe, él fue escarnecido durante dos horas, con el objetivo de sacarle información sobre el volante repartido por la militancia los días anteriores. La macabra sesión será dirigida por el propio Francisco Lozón (h), y por uno de sus compañeros de alto rango, Félix Monzón:
“¡Queremos saber dónde se encuentran los ficheros y los mimeógrafos del partido!”
“Sentía la boca completamente seca. La lengua, como un trozo de madera. Me costaba mucho contestar y decir que nada sabía. Estaba físicamente casi impedido de hablar”- referirá el torturado.
Insultos y máquina, diez personas…
“Danos solo un mimeógrafo y se termina la función…”
“No, no sé”. “Esto los enfureció…” Amenazas de violaciones a su esposa, a su madre, a su hija en su presencia…
“Con ese pelado hijo de puta de Inga será peor…” - le dirán cuando amainen los tormentos.
“Se escuchan forcejeos, ayes de dolor, gritos de protesta y luego la radio” -referirá Héctor Palma, uno de los detenidos que ha visto entrar al cuarto de tortura a Ingallinella. También Keohe, antes de ser escarnecido, ha visto a su compañero y amigo en la oficina de la guardia.
A la siguiente mañana Keohe será llevado al despacho de Lozon, se produce allí un dialogo donde el abogado debe soportar un nuevo apriete del comisario, y el reconocimiento de la suerte de la Ingallinella:
-Sabes para que te llame?
-Para torturarme de nuevo - respondió el abogado
-No. Es para felicitarte. Sos un tipo de aguante.
En ese momento Keohe le pregunto porque no le pegaba un tiro y dejaba de sufrir. Lozon le pidió que no se confundiese.
-No, eso no… Yo no soy un asesino. Soy un torturador.
Será el propio Keohe quién confirmo que en la jefatura, había reconocido la muerte de Ingallinella, diciéndole:
¿De qué te quejas? Vos estás bien, en cambio al petiso lo liquidamos.
Aclaración: Existen algunas versiones que indican que el volante en cuestión fue redactado y distribuido por Inga. No fue así. El volante fue redactado y distribuido por el Cté. Zona Sur del P.C., ya que inga estaba cumpliendo una tarea fuera de Rosario. Cuando retornó se encontró con Ricardo San Esteban y Hugo Ojeda, quienes le insistieron que no vaya a su casa, pero Inga fue a visitar a una niña, paciente de él, que lo tenía preocupado, y luego fue a su casa donde lo detuvieron.
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